La Dirección General de Tráfico ha presentado recientemente su nuevo “plan integral para motoristas”, en un intento —más estético que estructural— de reducir las cifras de siniestralidad en este colectivo.
Un gesto que, si no fuera por su superficialidad, debería celebrarse. Pero una vez más, el maquillaje institucional se impone al compromiso real.
Según la propia DGT, más de 400 motoristas fallecieron en 2023. Un dato demoledor que lleva repitiéndose año tras año con variaciones mínimas. El diagnóstico está claro: las motos representan uno de los medios de transporte más vulnerables. Lo que no está claro —o no se quiere dejar claro— es cómo se va a proteger de forma efectiva a quienes las usan.
En paralelo, ANESDOR (la patronal de las dos ruedas) y Fundación MAPFRE (la fundación de una aseguradora de vehículos) lanzan una campaña en la que lo más profundo que se dice es lo obvio: cómprate una moto más segura. Invierte más en tecnología, en equipamiento, en motos con ayudas electrónicas. Pero ¿quién puede hacerlo? ¿Dónde están las ayudas para quienes sí quieren y no pueden?
Este modelo de “seguridad” se parece más a una estrategia de ventas que a una política pública. En vez de impulsar reformas estructurales o apoyar al usuario, el mensaje se reduce a: “Si quieres vivir, cómprate lo que te decimos”. Pero nadie habla de bajar primas de seguro si conduces una moto más segura. Al contrario, las motos con más tecnología suelen ser más caras de asegurar. El mensaje real, entre líneas, es: paga más por tu seguridad o asume el riesgo.
No hace falta ser economista para entender el modelo: si se venden más unidades, la producción se abarata. Pero ¿quién quiere ser el primero en pagar más para que a los que vengan después les salga más barato? Esa es la lógica perversa que no se menciona. Y mientras tanto, el Estado —ese que debería velar por el interés general— actúa más como un espectador que como un agente transformador.
Si la DGT quiere reducir la siniestralidad, que proponga ayudas directas para la compra de motos con sistemas avanzados de seguridad, como se hace con los coches eléctricos. Que bonifique a los motoristas que inviertan en formación. Que bequen cursos de conducción segura, con prácticas reales. Que colaboren con las autoescuelas, las asociaciones de usuarios y, sobre todo, con los propios motoristas. No con los fabricantes, que ya tienen su lobby bien engrasado.
Hablar de seguridad sin hablar de accesibilidad es una trampa. Lo es para el usuario, que no tiene herramientas reales para mejorar su situación. Y lo es para la Administración, que una vez más prefiere contentar titulares antes que proteger vidas.
Lo más caro no es la moto segura. Es cada vida que perdemos por no haber hecho lo que sí podía hacerse.
