• Solo en Madrid y Barcelona la cifra de alumnos aspirantes ya asciende a 80.000.
  • Cada funcionario ha dejado de examinar cuatro alumnos diarios desde 2013 a 2019.
  • Las provincias más afectadas son Barcelona, Cádiz, Castellón, Gerona, Guipúzcoa, León, Madrid, Málaga, Murcia,  Tarragona y Zaragoza. 
  • La DGT debería incrementar la plantilla entre 175 y 200 funcionarios examinadores para equilibrar la situación, según datos de CNAE. 
  • «Normalizar la situación mejoraría la calidad de la enseñanza y el porcentaje de aptos» (Ricardo Cano)

250.000 alumnos en toda España integran las listas de espera de los que aguardan turno para examinarse y obtener el carnet de conducir en este mes de julio de 2019.

Un problema que afecta a la casi totalidad de las provincias españolas de entre las que destacan Barcelona y Madrid, donde se concentra casi el 40 % de los afectados por estos retrasos.

Estas listas de espera de alumnos aspirantes no es un problema reciente. Ya se arrastra de antes de 2015 y se agravó notablemente con la huelga de examinadores que tuvo lugar ahora hace dos años.

En aquellos años se puso de manifiesto una falta de voluntad política en resolver el conflicto y una tímida toma de medidas que contribuyó a parchear el problema.

Ahora, dos años después de aquella huelga y sus soluciones, los vientos no parecen favorables para los alumnos. Los principales perjudicados junto con el sector de las autoescuelas del conflicto que mantiene el colectivo de examinadores con la Administración.

Solo en Madrid y Barcelona, la cifra de alumnos en situación de espera asciende a 80.000. Son dos de las provincias mas perjudicadas junto con Castellón, Málaga, Segovia o Tarragona.

A modo de ejemplo podemos hacer la cuenta de la situación en la Comunidad de Madrid, una de las grandes perjudicadas. Ricardo Cano, presidente de APAMAD (Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid) nos cuenta que de los 250.000 alumnos en listas de espera para los exámenes prácticos «entre 35.000 y 40.000 corresponden a la Comunidad de Madrid. Esta cifra es muy fácil de calcular y extrapolar al resto de provincias y comunidades autónomas».

«Estamos entre 22 y 23 días hábiles de citación entre pruebas de aptitud de los mismos centros, -continua Ricardo Cano- lo que significa que unos 1.000 alumnos se examinan diariamente solo en la Comunidad de Madrid y es tan sencillo como multiplicar 23 días hábiles por 1.000 y salen 23.000 alumnos que están pendientes de citación ya presentados en cartera, a los que hay que añadir otros 15.000 o 20.000 alumnos que están en movimiento, en formación, pendientes de que dejemos huecos para poderlos presentar a pruebas de aptitud».

«Es decir, – apunta el presidente de la asociación provincial- la bolsa en Madrid está en 35.000 alumnos, como mínimo, pendientes de optar a obtener el permiso de conducir en las pruebas de circulación en vías abiertas».

Falta de examinadores y menor capacidad 

Esta situación viene derivada de la falta de examinadores que han visto reducido su número en los últimos años, por bajas, jubilaciones y la falta de las incorporaciones necesarias.  «Aunque no es exclusiva de ellos la responsabilidad de la lista de espera», señala Ricardo Cano. «Lo que pasa es que desde el año 2013 se viene reduciendo desde la DGT, a través de los diferentes protocolos de calidad, el ultimo de 2019, por el que se descarga el trabajo de los funcionarios examinadores, que no cuestionamos el fondo, ya que se supone que va en favor de que se haga un examen de calidad y eso nos parece fenomenal».

«Lo que si echamos en falta» – continua Cano- «es que no se haya previsto esta circunstancia dotando a la jefatura provincial correspondiente del personal necesario y suficiente para contrarrestar la merma de prestación de servicio de los funcionarios examinadores diariamente. Es decir, para que tengamos una referencia, en el año 2013 el funcionario examinador tenía una carga de trabajo cerrada de 16 alumnos diarios. De 2013 a 2017 han pasado a una carga de trabajo de 13 alumnos. Y en 2019 se ha reducido a 12. Esto significa que cada funcionario ha de dejado de examinar cuatro alumnos diarios desde 2013 a 2019».

«A esto añadimos que tenemos una dificultad tremenda para poder determinar lo que hay efectivamente en plantilla en cada Jefatura Provincial, como personal adscrito al servicio de exámenes, con los que se han de realizar las pruebas de aptitud en vías abiertas al tráfico» subraya el presidente de APAMAD.

«La realidad es que en Madrid tenemos 94 examinadores actualmente, incluidos los coordinadores. Pero realmente a las pruebas en vías abiertas están saliendo entre 60 o 65, según el día, y en Alcalá de Henares, entre 8 o 9, igualmente según el día. Esto significa que en Madrid de 94 examinadores tenemos realmente operativos para realizar las pruebas diarias entre 68 y 74 funcionarios» se queja Ricardo Cano.

«Si hacemos la media de funcionarios examinadores con el descenso de pruebas por cada uno debido al referido protocolo, es decir 70 x 4, nos da que hemos dejado de examinar a 280 alumnos diariamente desde 2013».

«Y si este dato lo multiplicamos por 20 días hábiles, estamos perdiendo una capacidad mensual de 5.600 pruebas menos que se realizan. Y si lo multiplicamos por 10 meses, la cifra se nos va a 56.000 pruebas menos anuales, solo en Madrid» afirma el presidente de la asociación madrileña de autoescuelas.

Según datos de la CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) en España haría falta incorporar 125 examinadores más a la plantilla actual «más unos 50 itinerantes». Para Ricardo Cano «Madrid necesitaría tener 20 funcionarios examinadores más para poder equilibrar la situación».

Los examinadores también en lucha desde 2015

Los motivos de la huelga de examinadores de la DGT de 2017 hay que buscarlos en 2015, cuando ya se evitó la anterior convocatoria por parte de María Seguí, entonces directora general de Tráfico, que reconoció y se comprometió a resolver las reivindicaciones del complemento y creación de una escala específica. “Han pasado dos años desde entonces y seguimos en el mismo punto pero con menos examinadores” comentaban entonces desde la Confederación Nacional de Autoescuelas de España –CNAE-.

El conflicto por aquellas fechas vaticinaba unas listas de espera de entre 70.000 o 100.000 personas que no se habían podido examinar y obtener su permiso de conducir, lo que en algunos casos conllevaba perjuicios laborales.

“De este modo nos encontramos un problema que, en principio estaba localizado en diez o doce provincias, se ha extendido de forma generalizada a todo el territorio nacional. Porque donde antes no había el problema, ahora se ha ido agravando con los retrasos” señalan en la Confederación Nacional de Autoescuelas.

Las provincias más afectadas por los retrasos son, además de Barcelona y Madrid que acaparan el 40 % de los alumnos afectados, Cádiz, Castellón, Gerona, Guipúzcoa, León, Málaga, Murcia, Tarragona y Zaragoza.

En 2017, el entonces ministro de Interior, Zoido, ya reconoció en su comparecencia que faltaban 176 examinadores, según los datos que se facilitaron desde la propia DGT, y se abrió una posibilidad para incorporar personal que se han ido produciendo entre 2018 y 2019, pero con las jubilaciones, bajas, y falta de presupuestos aún se está muy lejos de alcanzar el nivel óptimo de unos 230 examinadores en activo que son necesarios para que no se produzcan retrasos.

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La situación no ha cambiado prácticamente en nada desde la huelga de 2017

Para Ricardo Cano, «la situación con respecto a los examinadores de Tráfico no ha cambiado nada desde la huelga de 2017. La DGT lo que me transmite es que están tratando de encontrar soluciones, me consta que están trabajando en ello, no sé si acertada o equivocadamente, pero lo que si tengo que agradecer es la intención de esa búsqueda de alternativas que resuelvan el problema».

«La mejor solución – según Cano-  sería lograr tener un mayor número de examinadores para prestar el servicio necesario, que es lo que pretende con el sistema CAPA (Capacitación de Pruebas de Aptitud), que se está intentando implantar para tener un calendario de pruebas con una frecuencia razonable para que el alumno pueda saber realmente cuando se va a poder examinar».

«Normalizar la situación mejoraría la calidad de la enseñanza y el porcentaje de aptos»

«Eso nos llevará -según Ricardo Cano- a tener una capacidad limitada de presentación que si, como esperamos, no atenta contra la capacidad real de presentación de alumnos, a cambio ganaremos en calidad en la enseñanza y evitar las anulaciones de exámenes. que a fecha de hoy se están produciendo por imprevistos que suceden debido a tanto tiempo de demora con las fechas probables que se les facilitan de modo provisional».

«De este modo se reducirá el 90 por ciento de las anulaciones por esa falta de previsión que estamos padeciendo. Y podremos mejorar y regular la preparación más adecuada a lo que los alumnos están demandando y aumentar por consiguiente los porcentajes de aptos. Lo que también contribuirá a que la bolsa general también disminuya» concluye el presidente de APAMAD.

 

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