Cuatro muertes diarias en las vías interurbanas por siniestros viales durante el mes de marzo de 2025 disparan la sangría a cifras que parecían superadas.
La Dirección General de Tráfico insiste en justificar el incremento de siniestros mortales en las carreteras españolas con las cifras récord de desplazamientos e incremento de la movilidad.
La tozuda realidad parece ser muy otra. El primer trimestre de 2025 no solo ha registrado más fallecidos (257) que en el mismo periodo de 2024 (255), sino que el mes de marzo ha sido el más trágico y negro de los últimos años con 106 muertes (datos provisionales a 24 horas), superando en 15 las defunciones en siniestros viales de marzo de 2024.
Con un agravante añadido, este año los desplazamientos por las festividades de la Semana Santa se van a registrar en este mes de abril, a diferencia de la Pascua de 2024 que se celebró en marzo.
Las personas muertas por siniestros viales de este mes de marzo de 2025 rozan los niveles de victimas a los que nos acostumbra la DGT en los meses de verano, cuando superan el centenar, sin ruborizarse al facilitar el dato.
Los casi uno de cada cuatro conductores y pasajeros que fallecen por no llevar abrochado el cinturón de seguridad en el momento de ocurrir la tragedia, las pruebas forenses practicadas a cadáveres de conductores que tienen presencia de alcohol y sustancias estupefacientes en el organismo en más del 50% de los casos, el incremento de salidas de la vía, el creciente número de vehículos que circulan sin la ITV en vigor poniendo en riesgo a propios y extraños, las abultadísimas cifras de sanciones por exceso de velocidad, etcétera.. parece que tienen que ver más con estos dramáticos resultados del explosivo coctel que estamos incubando que con los niveles de desplazamientos con los que se quiere justificar la ineficacia de unos o la impotencia a la que se somete a otros, apostando por los radares antes que por una mayor presencia física de efectivos cualificados que auxilien y protejan realmente a los que cumplen y respetan la Ley y la norma de aquellos que se sienten impunes, reincidiendo continuamente en conductas asociales, cometiendo una y otra vez delitos tipificados en el Código Penal, ejerciendo violencia vial y atentando contra la seguridad de las personas y la sociedad.
La agenda política está con cierta lógica enzarzada en embarrar los efectos, consecuencias y la falta de toma de decisiones que hubieran podido minimizar la catástrofe de la DANA acaecida en el Levante español en octubre del pasado año. Seguramente todo apunta a que también se podría haber previsto mejor, implementando medios y recursos, evitando el reguero de muerte, desolación y destrucción.
Y la DANA, con toda su violencia y brutalidad meteorológica, cebándose en la falta de avisos y preparación, segó 227 vidas, 30 menos que las que nos ha arrebatado la violencia vial en el primer trimestre de 2025, y apenas el 20% de las 1.154 muertes que reseña la DGT en su balance aún provisional de 2024.
Nos enfrentamos a un año crítico en términos de movilidad. La seguridad vial ha dejado de ser una prioridad, ha desaparecido completamente de la agenda política y sus señorías piensan más en futuras lizas electorales que en lidiar con el presente cercano y próximo. Lanzamos balones hacia adelante con el rearme de Europa, la amenaza de los aranceles, la crisis migratoria en el Mediterráneo, la escalada de los precios y el estanque de los salarios por bandera.
Mientras tanto en nuestras carreteras sigue muriendo gente en un goteo incesante. Nadie lanza una alerta para evitar la catástrofe que se avecina. Los datos marcan un camino hostil. Nadie se hace responsable, aun teniendo las competencias y las herramientas.
Falta rigor, decisión y valentía. La libre movilidad es un derecho constitucional, como lo es la Vida, la seguridad de las personas, la educación, la salud, la sanidad y la vivienda. Los muertos ya no votan, no necesitan sanidad, ni vivienda, pero quizá si merecen educación y muchísimo respeto. Y alguna disculpa de aquellos que no hicieron a tiempo sus deberes.
