El Ejecutivo autonómico de Castilla y León asesorará a los empresarios del papel que juega la actividad física de sus empleados en la prevención de riesgos, como factor de competitividad, para impulsar una red de pymes saludables
El titular de Empleo e Industria, Germán Barrios, ha presidido en Valladolid el Pleno del Consejo de Seguridad y Salud Laboral, un órgano en el que se analizan los programas que desarrolla la Administración autonómica en materia de prevención de riesgos y se abordan propuestas de acción conjuntas con los agentes económicos y sociales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, representadas en el organismo.
En el transcurso de la reunión, el consejero ha anunciado la implementación este mismo año de un Sello de Movilidad Segura y Sostenible, que acreditará el compromiso de las empresas de la Comunidad con la seguridad vial laboral y la reducción de la siniestralidad, al tiempo que servirá para reconocer sus buenas prácticas en este campo.
Los primeros pasos para la puesta en marcha de esta iniciativa se concretan en la elaboración de una Guía de Movilidad de Segura –disponible en el Portal de Trabajo y Prevención de Riesgos de la Junta–, que ofrece a las compañías soluciones para favorecer los desplazamientos de sus empleados en condiciones óptimas, tanto los que se producen de camino a su centro de trabajo, como los derivados de su propia actividad laboral.
Este manual define también la metodología que, de acuerdo con los criterios determinados por el Gobierno central, es necesario aplicar para la implantación de planes de seguridad vial en las empresas, un requisito que la Junta exigirá para otorgar el Sello de Movilidad Segura y Sostenible.
Este certificado avalará que la sociedad titular ha elaborado un diagnóstico sobre los accidentes viales registrados en torno al centro de trabajo o sobre el impacto de sus políticas organizativas en la movilidad de sus trabajadores; que se ha acometido una evaluación de los riesgos, y finalmente, que se han definido y llevado a la práctica acciones correctoras para reforzar la seguridad.
La Consejería de Empleo e Industria realizará en los próximos meses campañas de difusión de esta iniciativa –algunas de ellas en coordinación con la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil–, con la previsión de publicar en el último trimestre del año la convocatoria del Sello de Movilidad Segura y Sostenible. El objetivo último es animar a los empresarios a incorporar a sus modelos de gestión y organización del negocio la cultura de la prevención de riesgos vinculados a la movilidad.
Red de pymes saludables
Otra de las medidas analizadas en el Pleno del Consejo de Seguridad y Salud Laboral ha sido el impulso de una red de pymes saludables en Castilla y León. La finalidad de este proyecto es promover hábitos saludables en el entorno laboral y por ello se han programado jornadas de difusión y visitas a empresas para informar y sensibilizar de la relevancia de esta práctica como factor de competitividad empresarial.
También está previsto articular un protocolo de colaboración entre las consejerías de Empleo e Industria y Cultura y Turismo para coordinar el asesoramiento a empresas acerca del papel que juega la actividad física de los trabajadores en la consolidación de la prevención de riesgos.
Nueva campaña para fomentar la seguridad en el campo
El Pleno del Consejo de Seguridad y Salud Laboral ha conocido los detalles de la nueva campaña ‘Tu vida, sin vuelcos’ –impulsada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de la Junta–, que pretende fomentar el uso de tractores provistos de estructura de protección y cinturón en las labores del campo.
Para finalizar, el consejero ha repasado las medidas en el ámbito de la prevención de riesgos que han sido incluidas en el Plan Anual de Políticas de Empleo para este ejercicio –firmado recientemente en el seno del Consejo del Diálogo Social–, que implicarán una inversión superior a los seis millones de euros. A esta cantidad hay que sumar los más de 23 millones de euros dedicados a este tipo de políticas en el marco del V Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales, cuya vigencia se inició en 2016.