Bartolomé Vargas Cabrera, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, es un firme convencido de los valores de la educación, y en especial de la vial, a la que considera la gran asignatura pendiente y la principal herramienta para solventar la siniestralidad y reducir las cifras de víctimas de accidentes de tráfico. Considera, asimismo, que el examen del permiso de conducir es mucho más relevante de lo que piensa la sociedad y aquí no le damos la importancia como la tiene en otros países.
Con él hemos hablado de educación, de formación, del carnet por puntos, de los delitos viales, de la labor de las asociaciones de víctimas para mejorar conductas, de formación presencial, de muchos temas que en el ámbito de la seguridad vial nos afectan transversalmente a todos los ciudadanos que, en algún momento, también somos usuarios que compartimos la vía.
P. La vinculación y estrecha colaboración entre Justicia e Interior está muy recogido en esta Fiscalía y en su relación continuada con la DGT. ¿Cree que ese es un paso en la dirección de que se conforme un organismo, por ejemplo una Secretaria de Estado de Movilidad y Seguridad Vial, que sea transversal a Justicia, Interior, Transportes, Movilidad, Sanidad, Empleo, Educación, Industria, Innovación, Medioambiente, transición ecológica, sostenibilidad…?
“En mi opinión – apunta el Fiscal Vargas – una secretaria de estado con competencias en todo lo que se refiere a seguridad vial es una idea de futuro muy positiva, que ya tiene vigencia en otros países, pero en este momento de distribución de competencias entre distintos ministerios, la clave es la coordinación que debe haber, y que ya hay, entre el Ministerio de Interior y el de Transportes, que recientemente ha asumido la Movilidad Urbana y la sostenibilidad”.
“En el caso de la fiscalía –continúa- ya tenemos una relación muy estrecha con la DGT, y con el Ministerio de Interior por tanto, y consecutivamente también la vamos a tener con el Ministerio de Transportes. Yo soy fiscal de sala coordinador y por tanto con la obligación de establecer esos mecanismos de intercambio de información…”
“Por tanto el nuevo reparto de competencias a nivel ministerial nos lleva a subrayar quizás todavía más esta idea de futuro que ha empezado a tomar cuerpo”, insiste Bartolomé Vargas.
P. ¿Pero faltaría sumar más competencias? O cuando menos coordinarlas…
“La propia DGT y nosotros, la fiscalía, ya de hecho tenemos mecanismos de coordinación y conexión con las autoridades competentes en los temas ámbitos como son Sanidad, Educación, Industria… etcétera”
P. Ya ha manifestado en más de una ocasión su preocupación por la falta de formación y educación a nivel general, y en particular en sus afecciones con la Seguridad Vial. ¿Cree necesario que se estableciera una materia o asignatura transversal que fuese continuada y reforzada en los diferentes ciclos (colegio, instituto, universidad, empresa…)?
“La educación es la principal herramienta frente a la siniestralidad y también fundamental para conseguir que las ciudades sean más sostenibles, saludables y, sobretodo, seguras”, afirma Vargas.
“Además la educación en seguridad vial ya tiene que contemplar, también, la movilidad sostenible. Enseñar a tomar decisiones que son claves a los usuarios de las vías públicas, como deben desplazarse en la ciudad…”
“Pero es cierto que la educación vial es la gran asignatura pendiente y es la estrategia principalisima, que explica todos los recursos que se utilizan para reducir la siniestralidad. Es la que los inspira y, por otra parte, la más eficaz”, reflexiona.
“Aquí nos queda bastante camino por recorrer. Hacen falta mayores esfuerzos institucionales, mayor cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y mayor coordinación de los recursos a nivel de municipios, de provincias y de comunidades”.
“Desde el ministerio fiscal -señala- se impulsa toda esta estrategia de coordinación, de puesta en común de todos los recursos educativos, e incluso la elaboración de un plan nacional de educación vial y en movilidad sostenible”.
“Y efectivamente –insiste- debe ser continuada en todos los momentos de la vida. Empezado por la infancia, adolescencia, colegios, institutos, universidades, autoescuelas, centros de obtención y recuperación del permiso de conducir, y continuando en el ámbito laboral, en las revisiones del permiso de conducir, que pueden ser una buena ocasión para la actualización de esa educación y conocimientos, y finalmente, en la tercera edad”.
“El mundo del automóvil va muy rápido y hay que formarse en las nuevas tecnologías y en todo lo que le rodea y que está evolucionando conjuntamente” apunta.
P. Los resultados de las condenas por delitos contra la seguridad vial, especialmente en aquellos casos de alcohol y drogas, ¿hacen necesario contemplar el problema desde otra perspectiva? Me refiero a los continuados casos de reincidentes que deberían ser tratados (sanitaria/médicamente) de su adicción o dependencia antes de que vuelvan a hacer un curso tras otro para recuperar los puntos y volver a coger un vehículo sin estar “curados”.
“El año pasado tuvimos 89.000 condenas por delitos viales, que significan un tercio del total las condenas que se producen por todos los delitos cometidos en el territorio nacional. Es decir, de cada tres condenas, una es por delitos viales”.
“De ellas, el 90 por ciento son de cumplimiento inmediato. Lo que es muy importante para la reeducación y para la reinserción del propio penado, para que tome conciencia de inmediato. Y es cierto que, aun así, también hay un porcentaje de reincidencia, que está en torno al 3 por 100”.
“El tratamiento para los reincidentes es, en primer lugar, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, además de lógicamente la privación del permiso de conducir”.
“La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tiene un componente reeducador y de concienciación mucho más efectivo que la multa, porque significa de un modo más tangible, aportar, reponer o devolver a la sociedad aquello que se le ha podido quitar. Especialmente con trabajos o servicios que tengan que ver con atención a las víctimas o muy relacionados con la seguridad vial”.
“Y cuando se ve que no hay otro medio o recurso efectivo o solución, queda el cumplimiento de la pena en prisión por aquellos condenados por delitos viales de peligro, donde también reciben atención, formación, educación en todos los ámbitos”.
“Y si además hay un problema de adicción al alcohol o las drogas las prisiones españolas tienen recursos para hacer frente a estas situaciones y que en definitiva pueden evitar que en un futuro se vuelvan a cometer delitos viales”.
P. ¿Cómo aseguramos que esa adicción está resuelta antes de devolver al condenado a la libertad y que pueda volver a conducir? El catedrático de Seguridad Vial, Luis Montoro, dice que debería ser un médico el que certificase, clínica o científicamente, que esa persona está curada de su adicción, independientemente del cumplimiento de las penas que le haya impuesto el sistema judicial.
“Es una idea que hay que examinar y convertirla en una reforma legal. Pero una cuestión distinta es cuando no hay proceso penal”.
“Cuando tu pierdes puntos, y eres un reincidente en perder puntos pero no estás en el proceso penal… Ahí también habría que contemplar reformas legislativas en el proceso que regula la recuperación de puntos, mediante un control médico o clínico más exhaustivo. Pero eso sería ya en la Ley de Seguridad Vial. La DGT ya ha hablado en alguna ocasión de esto y ha planteado propuestas”.
“En el proceso penal la cuestión es algo más compleja y, en todo caso, siempre hay que esperar al cumplimiento de la pena y comprobar si ha surtido su efecto”.
P. Volviendo a los cursos de recuperación de puntos hay que destacar en ellos el papel que están haciendo las asociaciones de víctimas participando en labores de concienciación y sensibilización. Ese “éxito” en los resultados ha hecho que la DGT se haya planteado establecer un mínimo de ocho horas de formación presencial obligatoria en los cursos teóricos para obtener el carnet de conducir.
¿Comparte esta visión? ¿Serviría de refuerzo a la comentada falta de educación y formación?
“Es un gran paso adelante -subraya- el espíritu educativo del régimen de recuperación de puntos, que no tiene otro objetivo que recuperar al infractor para la legalidad”.
“Los cursos de recuperación de puntos han funcionado muy bien hasta ahora, y ha sido decisiva la presencia y participación en ellos de las asociaciones de víctimas. Son los que pueden hablar con más legitimidad de todo lo que han pasado. Todo mi reconocimiento para ellos”.
“Las asociaciones cumplen un papel central y esencial. Van a colegios, a la universidad, con presencia en todos los ciclos educativos, en las campañas, en las prisiones, en las autoescuelas… y hay que reconocer su enorme esfuerzo solidario para exponer una y otra vez su dolor y sufrimiento con la finalidad de ayudar a los demás”.
“Examinarse del permiso de conducir es como un examen de universidad, porque habilita a una persona para conducir en el tráfico de vehículos compartiendo la vía con otros usuarios, para asumir riesgos, para ser un agente indispensable en la movilidad y, desde luego, para que con su educación y formación evite la siniestralidad”.
“Desde ese punto de vista de la relevancia, no solo jurídica sino también social, debería ser más exigente de lo que es. En otros países tiene una importancia fundamental. Depende mucho de cómo se conciba. Si el permiso es una simple licencia que te permite conducir coches, como si fuese comprar una mercancía…”
“Pero si el enfoque no es ese, desde luego que tiene todo el sentido la formación presencial. No solo por la labor de sensibilización y concienciación que puede aportar una víctima en primera persona, sino por el papel del contacto presencial y directo con el profesor o formador que capta al alumno, ve sus problemas, analiza su situación, su carácter, su manera de conducirse y comportarse… y que no todo eso sale por el ordenador” concluye.
