Los centros con más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán disponer de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo antes del 5 de diciembre. Según el Arval Mobility Observatory, solo la mitad de las empresas españolas cuenta ya con uno.
Las empresas españolas entran en la recta final para adaptarse a una de las principales novedades de la Ley de Movilidad Sostenible: la implantación de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).
El plazo termina el próximo 5 de diciembre de 2026 para los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno. La Ley 9/2025 entró en vigor el 5 de diciembre de 2025 y una modificación introducida en marzo de 2026 redujo de 24 a 12 meses el periodo inicialmente previsto para disponer de estos planes.
La adaptación todavía tiene recorrido por delante. Según los datos del Arval Mobility Observatory 2026, el 50% de las empresas españolas consultadas ya dispone de un plan de movilidad, mientras que otro 38% prevé desarrollarlo durante el próximo año.
La nota difundida por Arval advierte precisamente de que numerosas compañías afrontan ahora una carrera contrarreloj para tener preparado, negociado e implantado su plan.
No es únicamente un plan para reducir emisiones
Aunque el concepto de movilidad sostenible suele asociarse rápidamente con emisiones, electrificación o transporte público, la ley concede a los PMST un alcance bastante más amplio.
Los planes podrán incorporar medidas para impulsar los desplazamientos a pie o en bicicleta, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, los vehículos compartidos, la recarga de vehículos cero emisiones o el teletrabajo cuando sea posible.
Pero existe otro elemento particularmente relevante desde la perspectiva de InfoVIAL: la seguridad vial.
El artículo 26 establece expresamente que estos planes deberán incorporar medidas dirigidas a mejorar la seguridad vial y prevenir los accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo, fomentando además la formación en estos ámbitos. Y el análisis no se limita exclusivamente a los empleados: también debe tener en cuenta a visitantes, proveedores y otras personas que necesiten acceder al centro.
Por tanto, un plan de movilidad empresarial no debería limitarse a decidir cómo reducir el uso individual del automóvil. También debe analizar cómo se producen los desplazamientos y qué riesgos generan.
De la flota de empresa a la movilidad de toda la plantilla
El cambio de enfoque es significativo.
Tradicionalmente, buena parte de la movilidad corporativa se gestionaba alrededor del vehículo de empresa y de perfiles como directivos, comerciales o técnicos. Arval estima que ese planteamiento alcanzaba aproximadamente al 20% de la plantilla.
La nueva regulación amplía mucho el perímetro. La movilidad pasa a implicar a Recursos Humanos, prevención de riesgos, sostenibilidad, responsabilidad corporativa, gestores de flotas y a la propia representación de los trabajadores.
Y esto último tampoco es un aspecto menor: los PMST deben ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras. Cuando esta representación no exista, la propia ley establece cómo debe constituirse la comisión negociadora.
La norma define, de hecho, estos planes como un conjunto de medidas impulsadas por la dirección del centro y elaboradas en el marco de la negociación colectiva para racionalizar los desplazamientos de empleados, clientes, proveedores y visitantes.
El 88% de las empresas ya tiene o proyecta un plan
El cambio normativo parece estar acelerando también las decisiones empresariales.
El Arval Mobility Observatory 2026 señala que un 50% de las compañías consultadas dispone ya de un plan y otro 38% se plantea desarrollarlo, por lo que el porcentaje conjunto alcanza el 88%. Entre las soluciones más demandadas aparecen los presupuestos de movilidad y el aparcamiento flexible.
Estos datos encajan con una transformación más amplia de las flotas corporativas que InfoVIAL ya analizó el pasado mes de mayo: la movilidad empresarial está dejando de abordarse exclusivamente desde la compra, financiación o mantenimiento de los vehículos y entra de lleno en ámbitos como la sostenibilidad, la seguridad, la digitalización y la gestión del talento.
¿Cómo puede cambiar la movilidad cotidiana de los trabajadores?
El abanico de posibilidades es amplio y deberá adaptarse a las características de cada centro.
Arval apunta a soluciones como el carsharing corporativo, las bicicletas eléctricas, las cargo bikes para actividades de última milla o plataformas que permiten integrar en una misma aplicación transporte público, taxi, VTC, bicicleta, vehículo compartido y aparcamiento.
La compañía también plantea los denominados presupuestos de movilidad, mediante los cuales la empresa asigna al trabajador una cantidad que puede utilizar en diferentes alternativas de transporte.
No todas las soluciones serán válidas para todas las organizaciones. Un centro situado en el centro de una gran ciudad plantea unas posibilidades muy diferentes de una fábrica ubicada en un polígono industrial sin conexión adecuada mediante transporte público.
Precisamente por eso, el punto de partida debería ser conocer cómo se desplazan realmente los trabajadores.
InfoVIAL ya se hizo eco anteriormente de estudios que mostraban el peso que continúa teniendo el automóvil en los trayectos laborales y el interés de los empleados por disponer de alternativas proporcionadas por sus empresas.
El coche es el vehículo preferido para los desplazamientos al trabajo
Un plan también debe identificar los riesgos viales
Desde la seguridad vial laboral, el nuevo marco abre una oportunidad para ir más allá del mero cumplimiento administrativo.
Antes de decidir las medidas, una empresa puede analizar cuestiones como los medios utilizados para acudir al trabajo, los horarios de entrada y salida, los kilómetros recorridos, los puntos de mayor riesgo, la accidentalidad registrada, el trabajo nocturno, la fatiga, los desplazamientos en misión o la exposición de motoristas, ciclistas y peatones.
A partir de ese diagnóstico pueden plantearse actuaciones sobre formación, organización de horarios, rutas, transporte colectivo, teletrabajo, mantenimiento de vehículos, flotas más seguras o alternativas que reduzcan determinados desplazamientos.
La propia ley obliga además a realizar seguimiento. En un plazo de dos años desde la aprobación del plan deberá elaborarse un informe sobre su nivel de implantación, que tendrá que repetirse cada dos años mientras el plan continúe vigente.
Eso introduce una idea especialmente importante: no basta con disponer del documento; habrá que comprobar si las medidas funcionan.
Movilidad, seguridad vial y también atracción de talento
Arval introduce además otro elemento: la forma de llegar al puesto de trabajo puede convertirse cada vez más en un factor de decisión laboral.
Los modelos híbridos, los horarios flexibles, la disponibilidad de aparcamiento, el transporte colectivo, el acceso a bicicletas o la posibilidad de utilizar diferentes servicios de movilidad pueden influir en la experiencia diaria del trabajador y en la capacidad de una compañía para atraer y retener profesionales.
Así, lo que hasta hace unos años podía verse como una cuestión secundaria o limitada a la gestión de la flota entra ahora en la estrategia empresarial.
La fecha del 5 de diciembre marca la obligación legal para miles de centros de trabajo, pero el verdadero reto empieza después: convertir esos planes en medidas capaces de hacer los desplazamientos cotidianos más seguros, eficientes, accesibles y sostenibles.
